NEWSLETTER Nº 5

Seguridad Pública en Argentina: Situación, aportes, propuestas.

 José Manuel Ugarte  

 1. ¿Mejoró la seguridad?

 Si un día y un episodio pudieran ser citados como comienzo de cierto cambio de humor público en relación a la seguridad, debieran serlo el 23 de octubre de 2004, con la liberación de Patricia Nine.

A pesar de los inevitables interrogantes que suscitó el hecho, el feliz desenlace para la secuestrada y su familia, el inmediato alivio de la situación del entonces acosado ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires –quien con sentido estratégico, aprovechó el respiro para lanzar una nueva batería de medidas, entre las que se destacó la creación de la policía distrital- el elogio de la actuación policial por parte de las autoridades y del padre de la víctima liberada, parecieron marcar una mudanza súbita en la sensación térmica de seguridad (a la sazón, de inseguridad).

Atrás pareció quedar la actitud de crítica que desde parte de los medios de difusión masiva y de la opinión pública podía percibirse, respecto de la actuación del gobierno de la Provincia de Buenos Aires en esta materia.

Hoy –tras nuevas detenciones de integrantes de bandas de secuestradores- parece imperar un clima totalmente diverso. El ministro León Carlos Arslanián, cuyo desempeño recibió un apoyo explícito en un editorial del diario La Nación, se refirió a la reducción extraordinaria de los delitos violentos en la provincia, señalando que el índice actual de los homicidios sería probablemente el más bajo de los últimos 10 años

 Posteriormente, señaló en un reportaje concedido también al diario La Nación que Hemos seleccionado cuatro delitos en los que la cifra negra es nula o de muy escasa significación: homicidios, secuestros, piratería del asfalto y robos de automotores. Hoy tenemos la cifra de delito más baja de los últimos ocho años…

Aunque las estadísticas no avalan tan optimistas apreciaciones , parece evidente tanto una tendencia muy moderada a la disminución de la criminalidad, como la existencia de una disminución de la sensación de inseguridad, particularmente en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, centros políticos, económicos y demográficos del país y caja de resonancia de de aciertos y de errores, en cualquier gobierno.

No cabe dudar de la contribución que a esta percepción de mejoría ha efectuado una conducción nacional de la seguridad pública que ha sabido tomar nota de errores cometidos por su esforzada y trabajadora precedente, sustituyendo un enfoque excesivamente volcado, como actitud pública, a la crítica, investigación de irregularidades y aún, en el caso de Policía Federal Argentina, a una suerte de purga por reestructuración; o bien, a experimentos de creación de nuevos órganos policiales de escasa concreción, por un nuevo enfoque dirigido fundamentalmente a incrementar los medios humanos y materiales de que disponen las instituciones policiales y fuerzas de seguridad nacionales, a quienes se asignan en forma constante, nuevas misiones.

Así, incrementos presupuestarios –remarcables, en el caso de Gendarmería Nacional- de número de efectivos, en Gendarmería y Prefectura, y las medidas concretas adoptadas en el sentido de la creación –finalmente- de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, ya prometida en la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior con la denominación de Dirección de Inteligencia Interior y reiterada en la Ley N° 24.059 de Inteligencia Criminal- y una actitud dirigida francamente a enfrentar con medios adecuados el problema de la inseguridad, son aportes a esta suerte de optimismo que tímidamente parece querer asomar. La lenta mejora de la situación económico-social parece acompañar esta sensación.

No obstante, no es tiempo de festejos. Las cifras del SNIC, aunque en lento descenso, muestran niveles de criminalidad aún elevados. La cifra de delitos correspondiente al primer semestre de 2004 –última con que se cuenta- anualizada, supera a las de cualquiera de los últimos doce años, con la sola excepción de 2002 y 2003. Son todavía muchas 1.254.953 denuncias de delitos, si se las compara con las 489.290 que se efectuaban en 1991. De allí que todavía sea –lamentablemente- válido hablar de una crisis de la seguridad, y pensar en las políticas capaces de incrementar la leve pero real mejoría experimentada.

Mejoró, pues, la seguridad…pero no tanto. Vale, pues, pensar en las causas de la inseguridad, en los remedios que se aplicaron, y en propuestas o aportes que, con modestia y espíritu de cooperación, podamos efectuar.

2. ¿Cómo, y por qué, llegamos a esta situación?

 2.1. Veamos algunas cifras.

 Una situación en la cual las denuncias de delitos realizadas, representan cerca del triple de las que se efectuaban hace sólo trece años –y en la cual la percepción de inseguridad colectiva se ha manifestado públicamente en forma intensa y masiva, al menos hasta fechas relativamente recientes- es indudablemente digna de análisis.

Podemos señalar que a partir de 1994, la seguridad pública comenzó a formar parte cotidiana de las preocupaciones de los argentinos.

Resulta revelador advertir que de 560.240 hechos delictuosos denunciados en 1990 en todo el país se pasó a 489.290 al año siguiente, una sensible reducción. Pero ya en 1994 la cifra era de 627.212, y en 1999 se llegaba a 1.062.241.En sólo ocho años, la cifra de hechos delictuosos denunciados se había duplicado.

En el año 2000, la cifra ascendió a 1.129.900. El año 2001 arrojó un total de 1.178.530. Explicablemente, el año 2002, de agudización de la crisis, derivó en 1.340.529. El año 2003 nos brindó 1.270.725, cifra que aunque representa una leve mejoría respecto de 2002, tampoco deja lugar a mayores optimismos; advirtamos que virtualmente triplica los guarismos de 1991…

En el primer semestre de 2004, alcanzó 627.491, cifra que anualizada brinda 1.254.983. Es decir, que puede percibirse una continuación de la leve mejora iniciada en 2003.

Resultan de particular interés por la gravitación de los mayores centros poblados que concentran el grueso de la actividad económica del país, las cifras de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires.

La Provincia de Buenos Aires, de 123.537 hechos denunciados en 1990 y 109.903 en 1991, pasó a 159.290 en 1994, 170.726 en 1996, 207.821 en 1997, 243.680 en 1998, 312.292 en 1999, 301.910 en 2000, 300.470 en 2001, 360.482 en 2002, 328.027 en 2003 y 157.051 81.034 en el primer semestre de 2004, que anualizado representa 314.102. Vale decir, continúa la moderada tendencia a la baja, aunque dentro de niveles altos ..

La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, de 61.203 hechos denunciados en 1990 y 42.796 en 1991, pasó a 64.086 en 1994, 120.394 en 1995, 126.920 en 1996, 144.080 en 1997, 172.047 en 1998, 191.755 en 1999, 199.587 en 2000, 202.083 en 2001, 202.315 en 2002, 192.458 en 2003. y 93.254 en el primer trimestre de 2004, que anualizado representa 186.508 manteniendo una más leve tendencia a la baja .

Cabe señalar que la relación sentencias condenatorias-denuncias, que equivalía al 2,90% en 1990, llegó a constituir el 1,42% en 2002 , mejorando al 2,60% en 2003.

Aunque las estadísticas precedentemente citadas no tienen valor absoluto, por no considerar los delitos no denunciados –la cifra negra del delito- constituyen un índice razonablemente demostrativo de la persistencia, más allá de las leves mejoras últimamente producidas, en la situación imperante en el país en materia de seguridad pública; pero, por otra parte, permiten cierta esperanza en el porvenir.

2.2. El desempleo y otros factores económico-sociales.

Examinemos otros índices diversos. La tasa de desempleo en el país, que a octubre de 1990 alcanzaba un valor algo superior al 6% y que se mantuvo en un nivel similar en 1991, ya alcanzaba el 12% en Octubre de de 1994, y el 18% en Octubre de 1995. En octubre de 1998 había descendido a algo más del 13%, llegando a un nivel superior al 14% a Octubre de 1999. En Octubre de 2000 se encontraba en un 15% y comenzó un rápido ascenso que la llevó en Mayo del 2002 a un nivel superior al 21%, descendiendo luego a algo más del 15% en Mayo de 2003. En el primer y segundo semestre de 2004 ha registrado respectivamente 14,4 y 14,8 %, manteniéndose en una suerte de meseta, en niveles relativamente altos pero sensiblemente inferiores a los registrados en años anteriores.

Cabe advertir la muy semejante evolución que muestran los índices de denuncias de delitos y de desempleo.

Ello pone de manifiesto la no muy novedosa circunstancia relativa a la cercana relación entre las condiciones económico-sociales y particularmente el desempleo en un país caracterizado por una deficiente cobertura de los riesgos sociales, y la desigualdad social, y el incremento del delito.

El desempleo parece tener una incidencia mucho mayor en el incremento del delito que las necesidades básicas insatisfechas.

 Así, las estadísticas del INDEC sobre población en hogares con necesidades básicas insatisfechas, muestran que a nivel país, el número de personas en hogares en tal situación disminuyó entre 1991 y 2001, pasando de 6.427.257 a 6.343.589, mientras, como se ha visto, en dicho período las denuncias de delitos se habían más que duplicado. Aunque la evolución de este indicador en la Provincia de Buenos Aires mostró un leve incremento – de 2.128.736 a 2.161.064- en la Ciudad de Buenos Aires disminuyó levemente, 232.203 a 212.489. Es decir, que aún considerando la relatividad de las estadísticas, podría conjeturarse que el desempleo, con su secuela de marginación, desvalorización personal y social, desorientación y falta de objetivos, tendría una incidencia mucho mayor en el incremento de la criminalidad que la pobreza, y que el asistencialismo no sustituiría los negativos efectos sociales del desempleo.

En un conocido estudio del Banco Mundial, se concluyó en base al análisis cruzado de estadísticas, que una mayor desigualdad (económico-social) está vinculada con tasas más altas de homicidios intencionales y robos…la tasa de homicidios crece durante períodos de baja actividad económica…También, que existe un fenómeno de persistencia (criminal inertia) del delito, aún después de que se actúe sobre los factores que lo favorecen. Se advirtió, asimismo, una relación entre el incremento del tráfico de drogas y del delito.

Sin poder fundar en tales circunstancias conclusiones definitivas, parece evidente en el caso argentino la existencia de una relación entre los factores descriptos.

Entendemos no obstante que tales factores no agotan las causas de la actual situación imperante en seguridad pública en Argentina, y que existen otros.

2.2. Carencia de idoneidad y vocación para la conducción de la policía. La autonomía policial.

 En un artículo que publicáramos en 1997 se advertía que la desaparición de la antigua dependencia de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad respecto de las fuerzas armadas, que rigiera durante el Conflicto Este Oeste, que condujera a la militarización de la seguridad interior, si bien imprescindible para la vigencia de los derechos individuales y beneficiosa para la eficacia en el accionar policial, debía ser acompañada por la sustitución del viejo control militar, por la conducción y control a cargo del poder político.

Pero…Ello no sucedió y las policías quedaron en muchos casos en situación de beneficiarias de una autonomía casi absoluta, y, simultáneamente, inmersas en un lento proceso de recuperación de la idoneidad para el cumplimiento de su misión específica, dificultado y retardado por múltiples carencias presupuestarias y por la virtual inexistencia del estímulo que hubiera representado una eficaz conducción por parte del poder político

Se debe destacar, no obstante, el valor que tuvo el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Nación para obtener la sanción de la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior.

Dicha ley estaba destinada a constituir un instrumento fundamental para el ejercicio de la coordinación, conducción y control de la seguridad pública por parte del poder político, y para concluir con los resabios que tres décadas de militarización de la seguridad interior habían dejado en las instituciones policiales y fuerzas de seguridad nacionales y especialmente en algunas policías provinciales.

No obstante, no fue puesta realmente en plena ejecución, habiendo sido aplicada sólo en aspectos parciales.

Para explicar tal circunstancia es preciso señalar que hasta que la gravedad de la situación en seguridad pública se hizo evidente, no pudo advertirse un real interés por parte de los sucesivos conductores políticos en la formulación y ejecución de adecuadas políticas públicas en materia de seguridad, ni en el adecuado ejercicio de la conducción y control políticos de la policía.

En lugar de ello, ha podido advertirse en general –con honrosas pero contadas excepciones- una persistente falta de idoneidad y vocación por parte de los funcionarios a quienes fue asignada la dirección del área, de ejercer la conducción y control de la policía. Frecuentemente .el cargo de Secretario de Seguridad Interior, o Secretario de Seguridad Pública provincial, pasó a constituir un cargo político más, destinado a personas sin reales antecedentes en la materia, como una etapa en sus carreras políticas.

Tampoco pudo advertirse una real actitud de conducción y control. Más que conducir a las instituciones policiales y fuerzas de seguridad, se buscó, en general, negociar políticamente con ellas.

De ello se derivó una situación de virtual autonomía para las policías, carentes de conducción y control reales por parte del poder político.

La indicada circunstancia constituyó a nuestro juicio uno de los factores que concurren a explicar el agravamiento de la situación en materia de seguridad pública que experimentó nuestro país en los últimos años, aún considerando la leve mejoría reciente.

2.3. Inexistencia de adecuadas capacidades técnicas para la conducción y control de la seguridad.

Cabe destacar por otra parte que el ejercicio de la conducción política de seguridad pública requería de la existencia y pleno funcionamiento, en la Secretaría de Seguridad Interior, de los órganos técnicos integrados por personal civil –sin estado policial ni militar- y también personal policial y de seguridad, que hicieran posible tal ejercicio, que requiere, no sólo voluntad política -condición imprescindible- sino medios humanos y materiales adecuados.

 Como escribiéramos hace ya unos años, para que el Ministerio del Interior (hoy, en Argentina, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos) se encuentre auténticamente en capacidad de de ser el órgano que formule las políticas en materia de seguridad interior y que realmente dirija y controle el accionar en dicha materia –evitando que las disposiciones legales que así lo establecen queden reducidas a meros formulismos- resulta imprescindible la existencia en su seno de las estructuras burocráticas técnicas y administrativas que permitan al Ministerio materializar el ejercicio de las atribuciones legales que la ley le confiere…

A pesar de que en Argentina fue creciendo significativamente el número de personas sin estado policial ni militar con conocimientos en materia de seguridad pública, ya sea por propia formación o por haberla adquirido en los diversos cursos de grado y postgrado que fueron surgiendo tal circunstancia no se reflejó mayormente en las estructuras de conducción y control de la seguridad pública, incluyendo a la propia Secretaría de Seguridad Interior.

Las debilidades imperantes en materia de conducción política de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad, llegaron al punto de designarse –hace pocos años- simultáneamente al frente de la Secretaría de Seguridad Interior y de las tres subsecretarías con las que entonces contaba dicha Secretaría, a oficiales de dichas instituciones en actividad; pasando a retiro exclusivamente quien fue designado como Secretario de Seguridad Interior, no así los restantes, que permanecieron en actividad, llegando uno de ellos a ejercer, en el gobierno posterior, la conducción de su Fuerza.

 La inexistencia en funciones, de adecuadas capacidades técnicas para asistir a la conducción del área en materia de conducción y control de la policía, debe a nuestro juicio ser considerada entre los factores que explican la situación descripta.

2.4. El fenómeno de la utilización política de la policía.

 También la presencia del fenómeno de utilización política de la policía debe ser considerado entre las causas del agravamiento en la situación de seguridad pública en el país.

Aunque es una circunstancia que dista de ser nueva en el país su acentuación a partir de 1990 y su íntima vinculación con la política local constituye una circunstancia que puede ser verificada a través del seguimiento de los medios de difusión, conversaciones con personal policial y con personas residentes en determinados puntos del país. Si bien parece haber alcanzado una particular presencia en la Provincia de Buenos Aires, se presenta también, aunque con características diversas, en el interior del país. No se trata, ciertamente, de una percepción subjetiva; es posible remitirse en este aspecto a diversas fuentes.

La creación de lazos de naturaleza política entre la conducción provincial o municipal y la policía, y la utilización política de ésta de muy diversos modos –entre los que se contaron el empleo como medio para obtener información de naturaleza política y vigilancia de personas non vinculadas a la conducción provincial –tal como quedó evidenciado en el caso de la Provincia de Santiago del Estero- o de obtención de financiamiento –conurbano bonaerense- constituye un factor también computable entre las causas del agravamiento de la situación imperante en esta materia.

2.5. Los resabios de la militarización de la seguridad interior.

También deben computarse como factor concurrente los resabios y las consecuencias del fenómeno de militarización de la seguridad interior que Argentina padeció entre 1955 y diciembre de 1983.

Tal fenómeno, caracterizado por la sujeción de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad del país a dependencia de las fuerzas armadas, tuvo como correlato la adopción por dichas instituciones y fuerzas de técnicas, modos de acción, costumbres y procedimientos de carácter castrense, así como con la disminución o limitación de capacidades en aspectos atinentes a su función, como la investigación criminal.

 Entre otros factores, una excesiva propensión a la violencia, incluso a la violencia letal, se encuentran entre las consecuencias de tal situación. Pero existen otros factores más sutiles, como el excesivo predominio de consideraciones burocráticas y disciplinarias sobre la iniciativa y la aptitud individual, el carácter limitado de la instrucción del personal de grados inferiores, la multiplicidad de grados y la limitada comunicación entre superiores e inferiores, que conspiran contra la eficacia en la función específica..

 La ya señalada autonomía policial dio lugar a la permanencia de esta situación en la casi totalidad de las instituciones policiales del país, hasta la aparición de los procesos de reforma policial, momento en que se produjeron cambios, en algunos casos significativos.

3. Los planes de reforma policial. Éxitos y fracasos.

 La percepción de la gravedad de la situación en materia de seguridad pública en el país, dio lugar al surgimiento de procesos de reforma policial.

 La tentativa más destacada estuvo constituida por la adopción por parte del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a fines de 1997, del Plan de Reorganización General del Sistema de Seguridad e Investigación de los Delitos en la Provincia de Buenos Aires, de León Carlos Arslanián y Alberto Binder, en un marco de consenso de las fuerzas políticas actuantes en la Provincia de Buenos Aires,

 Entre las características más señaladas de dicho plan, pueden contarse la desaparición de la estructura de conducción de la Policía Bonaerense, considerada como monolítica e ingobernable, sustituida por una estructura de conducción y control político en el nuevo Ministerio de Justicia y Seguridad; el fraccionamiento de la Policía Bonaerense, distinguiéndose institucionalmente las funciones de policía de seguridad y judicial y asignándoselas a instituciones diversas: las 18 policías departamentales –una por cada Departamento Judicial- encargadas de la función de policía de seguridad, y la Policía de Investigaciones en Función Judicial, que contaba con una delegación de investigaciones en cada departamento judicial.

También se creó la Policía de Seguridad Vial, , así como servicios centralizados de Caballería, Infantería, Grupo Halcón, y Grupo Especial Operativo (GEO)..

 En realidad la creación de estas policías no llegó a materializarse como instituciones diferenciadas –no desarrollándose institutos de formación, perfeccionamiento, ni administraciones diferenciadas- persistiendo en la realidad la Bonaerense fraccionada y conducida desde el Ministerio.

Es decir, que pese a hacerse referencia en la Ley Provincial N° 12.155 a las Policías de la Provincia de Buenos Aires y a establecerse que …Disuélvese la Policía Bonaerense…(art. 57) lo cierto es que todas las referidas Policías provenían de los mismos institutos de formación y perfeccionamiento, tenían el mismo soporte logístico, similar equipamiento, una administración común, etc. y, en los hechos, continuaban percibiéndose y continuaron funcionando como una, pero careciendo de una conducción policial común, rol que era ejercido por el Ministerio.

En definitiva, que más que crearse Policías, se fraccionó la existente, dividiéndose institucionalmente las funciones de policía de seguridad y de policía judicial –esta última con facultades muy disminuidas- y fraccionándose la primera por Departamentos Judiciales.

 Como señaláramos en un artículo periodístico, con relación a estos cambios estructurales y sus efectos. …Estos intentos dejaron como herencia la departamentalización sin auténticas instancias de control local –verdadera feudalización de la policía, que dividida pasó a estar en manos de caudillos políticos locales, sin control real…

 …la multiplicación de las policías sin real base de conducción y control local que representaron las Departamentales presuntamente autónomas y no coincidentes con los límites municipales, constituyendo verdaderas áreas policiales a imitación de la Police Act de 1996 del Reino Unido, pero sin el fuerte control local representado allí por las Police Authorities – que tienen facultades de designación, remoción, presupuesto, fijación de objetivos y control de la planificación-…

En definitiva, los Departamentos Judiciales, división administrativo-judicial sin base política ni sociológica real, no podían constituir base del proyecto descentralizador..

 A la aludida feudalización de la policía, se agregó el descontento provocado en la institución policial por remociones masivas de personal superior, en muchos casos justificada por sus antecedentes, pero en otros no –las míticas purgas-, y la confusión provocada por los múltiples cambios estructurales.

La combinación casi simultánea de la entrada en vigencia de la reforma y de un nuevo y excelente código procesal penal, pero sin que se proveyeran por parte del gobierno provincial los medios materiales necesarios para su adecuado funcionamiento, dio lugar a un fuerte incremento de la criminalidad y de la percepción de inseguridad en la Provincia, facilitando la simplista prédica de mano dura del candidato a gobernador Carlos Federico Ruckauf, circunstancia que determinó el fin de la primera experiencia de Arslanián.

Entre los activos importantes que dejó esta experiencia estuvieron: la adopción –tal vez por primera vez en el país- de una actitud decidida de conducción y control de la policía, un énfasis significativo en la vigencia de los derechos humanos en el accionar policial, la ratificación por parte de la Provincia de la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior –ingresando efectivamente en el Sistema Nacional de Seguridad Interior- la reforma y desideologización de la antigua Dirección de Inteligencia de la Bonaerense, la sujeción de la institución a la conducción y control políticos, la puesta en marcha, por primera vez en la Provincia, de instituciones de policiamiento comunitario –los Foros Vecinales, Municipales, Departamentales. Ello, sin perjuicio de señalar en este último aspecto, que el efectivo funcionamiento de estos Foros fue parcial, dependiendo fundamentalmente de las decisiones del caudillo político de la zona.

El pasivo debe inevitablemente mentar la ya mencionada feudalización derivada del inadecuado fraccionamiento de la policía, la carencia en la mayoría de los casos de adecuados controles locales por inexistencia de los Foros, la carencia de un sistema activo y rutinario de inspección y control central, la pérdida de un número significativo de personal policial –no siempre justificada por sus antecedentes- derivada de las purgas, y el debilitamiento de las capacidades investigativas, derivado de la separación institucional de las funciones policiales y de la inadecuada implementación de la nueva legislación procesal penal.

No obstante, debe señalarse que esta experiencia constituyó modelo de otras, como sucedió con la reforma policial en la Provincia de Mendoza, realizada en un marco de consenso político, y caracterizada por la plena asunción por parte del Poder Ejecutivo de la conducción de la policía, la creación de órganos destinados a la conducción y control de aquélla, y la conformación de institutos de policiamiento comunitario.

La Ley N° 6721 estableció como órganos de formulación de políticas de seguridad pública y de ejecución de éstas el Ministerio de Justicia y Seguridad, y un Consejo Provincial de Seguridad Pública, integrado por el Ministro de Justicia y Seguridad, el director presidente de la Inspección General de Seguridad, los legisladores integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública del Poder Legislativo y un representante del Poder Judicial, como miembros permanentes.

Revistió particular interés la creación (art. 26 y ss). de la Inspección General de Seguridad en el ámbito funcional del Ministerio de Justicia y Seguridad, bajo la dependencia directa del ministro de Justicia y Seguridad, con la misión general del control integral de las acciones del Sistema de Policías de la Provincia, del Servicio Penitenciario y de los recursos humanos que los integre.

 Las funciones esenciales asignadas a este órgano, fueron las de (art. 29):

1) Instruir los sumarios administrativos y designar a sus instructores, quienes serán personal policial, penitenciario o de la Inspección General de la Seguridad.

2) Elevar los sumarios administrativos a decisión o dictamen de la Junta de Disciplina según corresponda.

3) Denunciar a la autoridad competente la comisión de hechos delictivos advertidos en el ejercicio de sus funciones.

4) Efectuar controles de gestión permanentes en la legalidad y calidad de los servicios prestados por los organismos policiales y el Servicio Penitenciario provincial mediante la realización de inspecciones.

5) Participar en los procesos de calificación y promoción del personal policial y penitenciario conforme con las normas vigentes.

6) Recibir denuncias y quejas referidas a la actuación de las Policías de la Provincia y del Servicio Penitenciario, pudiendo realizar actos útiles de investigación en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas.

7) Efectuar controles en la evolución del patrimonio del personal policial y penitenciario mediante la recepción y análisis de las declaraciones juradas de bienes conforme con las normas vigentes.

8) Dictar instrucciones y circulares administrativas interna a los fines de un mejor cumplimiento de sus objetivos y funciones.

Probablemente su aspecto más interesante es la función de realizar controles de gestión permanentes en la legalidad y calidad de los servicios prestados por los organismos policiales y el Servicio Penitenciario provincial mediante la realización de inspecciones, sin limitarse –como sucediera en el primer período de la reforma bonaerense- a investigar denuncias ya efectuadas.

 También se establecieron Consejos de Seguridad Departamentales y Foros Vecinales, con la misión de 1) Facilitar y promover la comunicación y cooperación entre la comunidad y las Policías de la Provincia en los ámbitos departamentales y vecinales; 2) Propicias la participación efectiva de la comunidad en la formulación y diseño de planes y proyectos atinentes a las condiciones de seguridad pública en su ámbito de actuación. 3) Contribuir al mejoramiento en el funcionamiento de las Policías de la Provincia. 4) Proponer a las autoridades competentes la elaboración e implementación de medidas, acciones y actividades, que redunden en el mejoramiento de las condiciones de seguridad pública en su ámbito de actuación. (art. 10).

Se trató, como puede verse, de típicas instituciones de policiamiento comunitario previéndose también la constitución de un Foro Vecinal dentro del radio de actuación de cada comisaría de la Provincia.

También se previó la creación de la figura del Coordinador de Seguridad, funcionario destinado a coordinar la labor de los Consejos y Foros y las Policías.

 Se creó también la Comisión Bicameral de Seguridad Pública.

 Originariamente exitosa, esta reforma ha perdido paulatinamente fuerza, pudiéndose advertir el muy limitado funcionamiento de los institutos creados por ella.

Entre otras reformas policiales parciales provinciales merece destacarse la que se encuentra en curso en la Provincia de Neuquén, caracterizada por un fuerte énfasis en el policiamiento comunitario y por la realización de cambios estructurales en la Policía.

El retorno de León Carlos Arslanián a la conducción de la seguridad pública en la Provincia de Buenos Aires, ahora en el Ministerio de Seguridad, significó la apertura de un nuevo ciclo caracterizado por:

  • Un fuerte énfasis en la efectiva puesta en marcha de instituciones de policiamiento comunitario, los Foros, cuya real puesta en vigencia y capacitación de sus integrantes, pasó a procurarse;
  • Nuevos cambios estructurales, creándose una nueva policía paralela a la Bonaerense, la Policía de Buenos Aires 2, con diversa fuente de reclutamiento y con formación y perfeccionamiento diversos; policías comunales bajo dependencia funcional del Intendente municipal, en los municipios con población menor a 70.000 habitantes, y policías distritales bajo dependencia del Ministerio de Seguridad, en los municipios de población mayor, unificándose en estas últimas las funciones de policía de seguridad y judicial;
  • Cambios en el régimen de carrera y de personal de la policía provincial, estableciéndose un régimen de escalafón único.
  • Cesantías masivas de personal involucrado en delitos o sospechado de ellos.
  • Controles de funcionamiento a través de inspecciones de los elementos policiales.

 

A nuestro juicio, tres son las medidas que revisten mayor interés: la creación de la Policía de Distrito, la reforma del escalafón y plan de carrera policial con la implementación del escalafón único, y el establecimiento de inspecciones ermanentes y proactivas en los elementos policiales.

Se trató de medidas propiciadas en el artículo periodístico anteriormente citado –sin pretenderse que éste haya influido en tales determinaciones.

La creación de la Policía de Distrito implicó una reflexión contenida en los fundamentos de la resolución ministerial del 26 de octubre de 2004 que dispuso su creación, con relación a los negativos efectos de la dispersión y atomización del mando, la coexistencia de diversos grupos operativos tales como los Grupos de Prevención Urbana (G.P.U.), las Patrullas de Respuesta Inmediata (P.R.I.), los Grupos Marea Azul y algún otro -todos destinados a una misma y única función, la prevención; y, por sobre todo, la ausencia de una eficaz labor coordinada entre la Policía de Seguridad y la de Investigaciones en Función Judicial.

Para solucionar dicha situación, se dispuso –con carácter exclusivo para los municipios no incluidos en la Ley provincial N° 13.210 de creación de las Policías Comunales, es decir, para municipios de población mayor a 70000 habitantes y para aquellos de población inferior a tal cifra, que no adhirieron al régimen establecido por la ley citada- una desconcentración de la actividad policial tomando como eje el municipio, que pasó a constituir el foco de la actividad policial, desplazando al departamento judicial cuyo carácter inadecuado a tal efecto resultaba evidente.

Se creó el cargo de Jefe de Policía de Distrito, a quien se asignó la conducción operativa de la totalidad de las comisarías del distrito –municipio-, creándose en cada una de éstas un Gabinete de Investigaciones bajo el mando del titular de la comisaría..

Dependiendo del Jefe de Policía de Distrito, sendas Subjefaturas de Seguridad y de Investigaciones quedaron a cargo del control del funcionamiento de todos los elementos encargados, respectivamente, de las funciones de policía de seguridad y de policía judicial en el municipio, excepción hecha de las delegaciones departamentales de investigaciones, que mantuvieron funciones de supervisión y de investigaciones complejas.

Merece destacarse esta resolución, como aparente principio de solución de dos de las que consideramos falencias de este proceso de reforma: el uso excesivo de la descentralización, multiplicándose estructuras virtualmente independientes entre sí –la multiplicación de las policías, a la manera de la bíblica multiplicación de los panes y de los peces, pero, creemos, mucho menos fecunda; y la separación institucional de las funciones de policía de seguridad y judicial, que como sucede en la mayoría de los países del mundo, deben estar claramente distinguidas, pero no separadas institucionalmente, dada su muy cercana relación como partes, en definitiva, de la función policial.

El reemplazo –en este caso- de la descentralización por la desconcentración constituye una solución que consideramos interesante.

El establecimiento del escalafón único para las policías ordinarias constituye a nuestro juicio una excelente solución, que concluyendo con los diversos escalafones y multiplicidad de grados apto para la función militar y para policías militarizadas o especiales, satisface las necesidades del accionar policial, que hoy requiere la capacitación permanente del personal policial, mejorando la formación, el adiestramiento y la paga de los grados inferiores, valorizando la iniciativa del personal y poniéndolo realmente en condiciones de interactuar con la comunidad; y, en el caso del personal dedicado a la función de policía judicial, incrementando, además, su aptitud investigativa.

Sin perjuicio de valorar lo dispuesto en tal sentido por la Ley N° 13.201, consideramos inadecuada la creación de carreras separadas, fruto de la tesis de la multiplicación policial y otras confusiones conceptuales ya expuesta.

Así, en lugar de constituirse carrerasseparadas de Policía de Seguridad, de Policía de Investigaciones; de Policía Científica; y de Policía de Seguridad Vial, pareciera preferible una única carrera policial con especialidades, correspondientes a las mencionadas.

Finalmente, el establecimiento de un órgano de inspección permanente y proactiva de los elementos policiales constituye también una iniciativa encomiable, que contribuirá a asegurar el adecuado funcionamiento de tales elementos.

4. La seguridad pública en el orden nacional, subregional y en la Ciudad de Buenos Aires.

En el orden nacional, a un comienzo caracterizado por la búsqueda de mayor transparencia, ejecución de las políticas y cumplimiento de las órdenes impartidas, siguió la presentación por parte del ministro Gustavo Béliz, el 20 de abril de 2004, de un Plan de Justicia y Seguridad.

Dicho plan constituyó una clara demostración de voluntad política y un esfuerzo importante para enfrentar al delito, mejorar la seguridad pública y combatir la corrupción, que incluyó importantes reformas judiciales y penitenciarias

El Plan de Justicia y Seguridad traducía la percepción de la relación entre la inseguridad y la corrupción, la voluntad de encarar la solución del problema actuando simultáneamente sobre el trípode policía-justicia-sistema penitenciario; y la comprensión de que no puede existir seguridad pública sin realizar inversiones adecuadas para lograrlo.

Particularmente merecen destacarse el propósito de incrementar la capacidad de los establecimientos penitenciarios en un 50% y de implementar el trabajo en las cárceles. Entre las reformas judiciales, la unificación en materia penal de la justicia federal y la justicia nacional, y la implementación del juicio por jurados, se encontraron entre las reformas propuestas más importantes.

En materia policial –en un enfoque más discutible- el plan propuso la creación de la Agencia Federal de Investigaciones y Seguridad Interior, incorporando a personal con funciones investigativas de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal Argentina –con una dotación inicial de 6.000 hombres, destinada a triplicarse-, que inicialmente contaría con una Policía de Investigaciones y una Fuerza Nacional de Paz-.

También se propuso la reforma a la Ley de Seguridad Interior para permitir el empleo de personal de las instituciones federales de seguridad en las provincias, en apoyo de reformas provinciales; la formación y despliegue de 1.500 policías comunitarios en la Ciudad de Buenos Aires; fuertes estímulos a la implementación en todo el país de instituciones de policiamiento comunitario; apertura de las juntas de calificaciones de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad a control organizaciones no gubernamentales; y la incorporación en grado importante de personal civil en cargos directivos a Policía Federal Argentina, entre otros aspectos.

La renuncia del ministro Béliz y las observaciones de que el Plan fue objeto –especialmente en lo relativo a la creación de la proyectada Agencia Federal de Investigaciones y Seguridad Interior- dio lugar a un nuevo examen de la cuestión por parte del nuevo ministro del Interior Fernández y del secretario de Seguridad Interior Iribarne.

Actualmente se procura a nivel nacional un incremento de las capacidades de Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional, materializándose un significativo incremento en el reclutamiento e incrementándose en algunos casos asignaciones presupuestarias.

Probablemente el aspecto más importante de la actual política de seguridad esté representado por la adopción de medidas concretas organizativas y presupuestarias tendientes a poner en marcha la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, órgano creado en las Leyes N° 24.059 de Seguridad Interior y N° 25.520 de Inteligencia, facultado para ejercer la dirección funcional y coordinación de la actividad de los órganos de información e inteligencia del Estado Nacional y de las provincias, y producir inteligencia criminal.

Se trata, en definitiva, de inteligencia sobre el delito organizado y especialmente sobre las organizaciones criminales, así como, por extensión, sobre aquellas formas delictivas que por su reiteración, importancia y complejidad requieren de esta actividad.

Desde la sanción en 1992 de la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior es que se espera esta medid, destinada a poner en marcha un instrumento fundamental para la lucha contra el delito.

También se procura avanzar en el perfeccionamiento de la formación y perfeccionamiento del personal de las instituciones nacionales, en la cooperación con las provincias para la formación, perfeccionamiento y adiestramiento de sus instituciones policiales, así como en el accionar en materia de seguridad regional, en torno al MERCOSUR.

Este último aspecto es merecedor de una consideración particular.

En el MERCOSUR ampliado, el fuerte desarrollo del comercio intrazona y la creciente facilidad de circulación de personas y bienes, con los consiguientes desafíos para la seguridad; y la amenaza del terrorismo internacional materializada en los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en Buenos Aires, determinaron el nacimiento de la coordinación en materia de seguridad pública.

Habiendo tenido su primer antecedente en la creación del Comando Tripartito de la Triple Frontera (mayo de 1996), su materialización tuvo inicio con la Decisión N° 7/96 del Consejo del MERCOSUR, que instituyó la Reunión de Ministros del Interior o funcionarios de jerarquía equivalente, a fin de avanzar en la elaboración de mecanismos comunes, para profundizar la cooperación en materia de seguridad pública.

En el marco de este mecanismo tuvo lugar la elaboración y firma de múltiples acuerdos, que incluyeron la creación y puesta en marcha del Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del MERCOSUR, la elaboración y entrada en vigencia del Plan General de Cooperación y Coordinación Recíproca para la Seguridad Regional, con la posterior creación de un foro especializado de intercambio y análisis de información sobre Terrorismo, la instrumentación del Centro de Coordinación de Capacitación policial, que constituyeron hitos en el avance de una cooperación fructífera, pero no exenta de dificultades.

La adopción como modelo –de modo no explícito- de la cooperación en Justicia y Asuntos de Interior en la Unión Europea y la adopción, tal como lo hizo su modelo, de la clara distinción entre los aspectos propios de la seguridad pública y la defensa nacional, limitándose, como su similar europeo, exclusivamente este mecanismo a la primera- caracterizaron desde sus inicios a esta experiencia, cuyo llamativo desarrollo contrasta con la todavía embrionaria –aunque con buenas perspectivas- cooperación en materia de defensa dentro del bloque regional.

En la actualidad, el avance de la cooperación y coordinación policial han dado lugar a la celebración del Acuerdo Marco destinado a brindar una base jurídica más sólida a las medidas adoptadas para la ejecución del Plan General.

 Por otra parte, en la última Reunión de Ministros del Interior se ha procedido a firmar un Acuerdo Operativo para la lucha contra aquellas formas de delito organizado trasnacional de particular trascendencia para las economías de los países signatarios, tales como el contrabando, la piratería –de marcas, software, grabaciones de audio y video, etc.-

En dicho Acuerdo Operativo se previó la realización de un diagnóstico consensuado de los principales problemas de seguridad pública de trascendencia regional, para la determinación por parte de los ministros y secretarios de las políticas a seguir, debiendo el nivel político representado por los Ministros fijar las pautas de trabajo semestrales y las metas a cumplir.

Se contempló la cooperación en materia de inteligencia criminal entre los países integrantes del bloque, a partir de consensuar planes de reunión de información y elaborar un plan consensuado común de reunión de información, e intercambiar y coordinar información e inteligencia oportuna y suficiente para la concreción de procedimientos.

Tales procedimientos, dispuestos por las autoridades competentes de cada país, pueden incluir acciones conjuntas programadas por los organismos de control y fiscalización de los países respectivos, de modo simultáneo y coordinado, en las zonas fronterizas, a fin de prevenir y/o reprimir actos de contrabando, evasión de tasas arancelarias, piratería y contrabando de cigarrillos, así como la actuación de grupos delictivos organizados, sin perjuicio del patrullaje que realiza cada órgano de fiscalización y/o de policía en sus propio territorios.

Se trató en definitiva de un avance hacia la cooperación y coordinación en inteligencia criminal, que amplía lo efectuado en tal materia con relación al terrorismo..

En lo relativo a la Ciudad de Buenos Aires, preciso es destacar la persistencia de la anómala situación derivada de la sanción de la Ley N° 24.588 de garantía de los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires mientras ésta sea Capital de la Nación.

Al establecer su artículo 7 que El Gobierno Nacional seguirá ejerciendo, en la ciudad de Buenos Aires, su competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes.; y que La Policía Federal Argentina continuará cumpliendo funciones de policía de seguridad y auxiliar de la justicia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, dependiendo orgánica y funcionalmente del
Poder Ejecutivo Nacional,
prohibiéndose a la Ciudad crear cuerpos de seguridad sin autorización del Congreso de la Nación, quedó consagrada la separación entre la autoridad política en la Ciudad –el Gobierno de la Ciudad- y la autoridad de quien depende la policía –el Gobierno Nacional-.

De ello ha derivado que no hallándose el Gobierno Nacional en condiciones de ocuparse de la seguridad pública en cada uno de los barrios porteños, ni pudiendo el Gobierno de la Ciudad poner en práctica una planificación eficaz en materia de seguridad pública sin tener bajo sus órdenes a la policía ni poder determinar o al menos influir en su doctrina, adiestramiento, equipamiento, despliegue, formación y perfeccionamiento, la Ciudad ha vivido en una situación de carencia de políticas eficaces en esta materia.

El Gobierno de la Ciudad ha implementado diversas políticas de community policing, incluso en algunos casos en cooperación con el Gobierno Nacional, como el Plan Nacional de Prevención del Delito, que al carecer del necesario correlato en materia de adaptación de la policía a los cambios derivados del policiamiento comunitario, han sido de utilidad limitada.

Persiste por otra parte la necesidad de distinguir –aún dentro de la misma Institución- las funciones de policía de seguridad y judicial en el fuero ordinario en la Ciudad de Buenos Aires, y de policía de seguridad y judicial federal, configurando un elemento adecuado para el ejercicio de la primera función, con los cambios organizacionales y estructurales que hoy requiere el ejercicio de la función policial ordinaria dentro del espíritu del policiamiento comunitario.

De nada servirán 500, 1000 o 1500 policías comunitarios en la Ciudad de Buenos Aires, si todos los elementos de la Institución Policial afectados a la función de policía de seguridad y judicial en el fuero ordinario en la Ciudad de Buenos Aires no han realizado en su doctrina, adiestramiento, equipamiento, despliegue y organización los cambios que requiere el policiamiento comunitario.

Un hecho que no siempre es tomado en cuenta, pero que surge de las estadísticas antes reseñadas, es que en el fuerte incremento de la criminalidad en el país a partir de 1991, la Ciudad de Buenos Aires ha tenido un incremento porcentual superior al producido en la Provincia de Buenos Aires.

Agreguemos además que en el primer semestre de 2004, la tendencia a la disminución del delito aparece más firme en el caso de la Provincia, que en el de la Ciudad...

5. Reflexiones y propuestas.

Nos hemos referido a las experiencias de reforma policial en el país. Creemos que de tales experiencias, surgen aspectos susceptibles de perfeccionamiento:

  • La necesidad de la búsqueda y logro de auténticos consensos políticos –especialmente en la Provincia de Buenos Aires, para ir hasta el fondo en la solución de las causas precedentemente señaladas, especialmente en los aspectos relativos a la vinculación política-policía-delito;

 

  • La necesidad de un ejercicio de la conducción que combine la necesaria firmeza, con la preservación del personal policial idóneo que costó años y dinero formar y cuyo concurso es necesario para el logro de la eficacia. Es tan necesario remover a los delincuentes de la policía, como procurar la continuidad de quienes no lo son, y estimularlos.

 

  • Minimizar los daños institucionales en los procesos de reforma, modificando aquello que es necesario y evitar cambios por consideraciones de publicidad, espectacularidad o anuncismo.

 

  • Los procesos de reforma han sido frecuentemente adoptados en nuestro país sobre la base de la copia imperfecta de modelos extranjeros, ignorando las posibilidades de cambio y evolución .del modelo mayoritariamente vigente en nuestro país.

 

  • En nuestro país ha regido tradicionalmente el modelo europeo continental de policía de Estado. Dicho modelo, centralizado bajo una adecuada estructura de conducción y control políticos, ha evolucionado en sus países de origen, diferenciando funciones, disminuyendo burocratización innecesaria y desconcentrándose para favorecer el control local.

 

Desdeñando tal experiencia, nuestros procesos reformistas han multiplicado aparentemente policías –imitando al modelo anglosajón, fundamentalmente estadounidense- sin crear auténticas instituciones diferenciadas.

 

  • También sin adecuado análisis se encara la separación institucional entre las funciones de policía de seguridad y policía judicial, ausente, sin embargo, en el modelo anglosajón; etc. etc.

 

* La multiplicación de policías, la sorprendente fecundidad en la creación –y supresión- de estructuras y en la producción de normas ha caracterizado al proceso reformista de la Provincia de Buenos Aires.

 

En él actualmente conviven –con las disculpas por algún involuntario olvido- las 18 Policías Departamentales, la Policía de Investigaciones en Función Judicial, las Policías Comunales, las Policías de Distrito, la Policía de Buenos Aires 2, los Cuerpos Descentralizados de Policía Científica, Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad, Dirección de Evaluación de Información para la Prevención del Delito y Dirección de Asuntos Internos, amén de los Cuerpos Centralizados de Infantería, Caballería, Bomberos y División Aérea.

Nos preguntamos si un esquema caracterizado por una Policía Bonaerense centralizada, pero bajo un sólido esquema de conducción política y administrativa y controles externos en el Ministerio, con los órganos técnicos necesarios; ejecución desconcentrada en los municipios; control interno; distinción funcional –no orgánica- entre policía de seguridad y judicial, no sería mucho más eficaz.

 

  • La firmeza y rapidez de la decisión no debiera excluir la adecuada explicación de los cambios, ni la recepción de sugestiones.

 

  • El fortalecimiento de los controles locales debiera combinarse con la creación y puesta en marcha de adecuadas estructuras de formulación de políticas y de control de su ejecución.

 

  • La lucha contra la corrupción, policial, judicial y política, no puede abandonarse.

 

  • Es necesario poner énfasis en las cuestiones de fondo: reclutamiento, formación y perfeccionamiento, carrera policial –el escalafón único en las policías ordinarias es la manera de desarrollar adecuadamente y aprovechar las capacidades del personal y de fortalecer la formación, la iniciativa y la paga de los grados inferiores- adiestramiento –gastando en él lo necesario- equipamiento y razonable bienestar del personal. La seguridad es una inversión; no existe, sin los recursos necesarios.

 

  • Utilizar la capacidad intelectual que la sociedad ha desarrollado en los últimos tiempos en materia de seguridad pública, siempre, claro está, que sus titulares tengan adecuados antecedentes personales.

 

  • Mandar. La policía es una institución cuyos integrantes están acostumbrados a obedecer, y que necesitan y requieren la conducción –ilustrada, equitativa y coherente- del poder político.

 

  • La actitud del conductor no es idéntica a la del juez. El conducido debe percibir a un conductor que lo apoya, se preocupa por su bienestar y lo estimula, aunque, claro está, no se comprometerá con él en eventuales delitos y lo castigará en tal caso. Las purgas, necesarias o no, no constituyen políticas a publicitar, ni símbolo de eficiencia en la gestión.

Se puede proponer:

 

  • Proseguir activamente la política ya iniciada de potenciar las capacidades en materia de inteligencia criminal. Desarrollar la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y órganos en los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad de analistas de inteligencia criminal con un escalafón especial, cuidando expresamente la formación de este personal, y perfeccionando la doctrina existente en materia de inteligencia criminal.

 

Es fundamental la idoneidad de quién (es) dirijan la inteligencia criminal. No puede ser un puesto político más.

 

  • Concluir paulatinamente con el masivo despliegue de personal de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina en el conurbano bonaerense.

Si esto no es posible, proseguir la actual política de incrementar el efectivo de estas instituciones, para posibilitarles el cumplimiento de las nuevas funciones que les son asignadas, sin perjuicio de las antiguas.

Recordar, no obstante, que la prolongación en el tiempo de funciones excepcionales puede resentir la eficacia de estas instituciones para el cumplimiento de sus funciones específicas.

 

* Reconcentrar los elementos capacitados para restablecer el orden público –los destacamentos móviles de Gendarmería Nacional, y el Grupo Albatros y Agrupación Guardacostas de Prefectura Naval Argentina – incrementar sus efectivos y perfeccionar su doctrina y adiestramiento.

Es preciso contar con adecuadas capacidades de restablecimiento del orden público sin pérdida de vidas y de control y protección de fronteras marítimas fluviales y terrestres, así como de cumplimiento de las restantes funciones ordinarias de dichas instituciones, evitando el recurso a otras instituciones cuyas funciones y capacidades no incluyen la seguridad pública.

 

  • Incrementar las capacidades de nuestras instituciones policiales y fuerzas de seguridad en materia de investigación criminal, con adecuados formación, adiestramiento y equipamiento.

 

  • Fortalecer las capacidades de coordinación del accionar policial del Centro de Planeamiento y Control, con particular énfasis en el delito organizado.

 

  • Constituir el Instituto Nacional de Seguridad Interior como órgano de formación superior, con espíritu plural y participativo de funcionarios pertenecientes a las instituciones policiales y fuerzas de seguridad o ajenos a ellas, que brinde ciclos anuales conjuntos de perfeccionamiento para las aludidas instituciones y fuerzas; y que analice la formación y perfeccionamiento del personal policial y de seguridad, con el propósito de tender a la excelencia en dicho ámbito, colocando bajo su dependencia funcional los institutos de formación y perfeccionamiento respectivos.

 

* Fortalecer la coordinación policial en el ámbito del MERCOSUR ampliado, poniendo en efectiva marcha, con todas sus capacidades, el Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del MERCOSUR (SISME) y perfeccionando la coordinación de las capacidades del Centro de Coordinación de Capacitación Policial del MERCOSUR, dándole carácter estable y sede permanente.

 

  • Crear un órgano de inteligencia criminal –análisis- multinacional en el seno de la cooperación policial en el MERCOSUR. Proponemos el nacimiento de MERCOPOL.

 

  • Establecer adecuados controles externos para la coordinación policial en el ámbito del MERCOSUR, particularmente en materia de inteligencia e intercambio de información policial.

 

  • Constituir un órgano permanente de inspección de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad del Estado Nacional, dependiente directamente del Secretario de Seguridad Interior, que con actitud preactiva investigue toda posible irregularidad, tanto en las instituciones policiales y fuerzas de seguridad, como en las estructuras administrativas y políticas del Sistema Nacional de Seguridad Interior.

 

Creemos, en definitiva, que mucho puede hacerse en materia de seguridad pública en nuestro país. Esperamos que estas líneas sean útiles para ello.

 

     




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